Reseñas en "#37"

En octubre de 2018 la legislatura de nuestra provincia votó por unanimidad la ley de Paridad de Género, con lo cual las listas electorales deberían estar compuestas por un 50 por ciento de mujeres. La aprobación fue presentada como “una conquista histórica” de las misioneras y de los festejos participó casi la totalidad de los partidos políticos.
Ahora bien, el oportunismo de estas fuerzas políticas hace pie en la consideración, más o menos extendida, de que la presencia de más mujeres en los espacios de decisión nos permitirá avanzar en la conquista de nuestros derechos. Sin embargo, la realidad se encargó en numerosísimas oportunidades de demostrar que la presencia de mujeres en los espacios políticos y de poder no significa, per sé, un avance en nuestras reivindicaciones. Cristina Kirchner fue presidenta durante ocho años, durante los cuales se encargó de bloquear el tratamiento del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, una de las demandas históricas del movimiento de mujeres. Además, fue durante su gobierno que se llevó a cabo la reaccionaria reforma del Código Civil que significó un retroceso en varios aspectos, particularmente al considerar en su artículo 19 que la vida humana comienza con la concepción. Fue ésta reforma la que utilizaron como mayor argumento legisladores, curas y pastores en su campaña contra el aborto legal.
Otro ejemplo lo encontramos en los votos de las diputadas nacionales en ocasión del tratamiento del proyecto IVE en el congreso: de las 100 diputadas 50 votaron a favor, 49 en contra y una se abstuvo, vaya paridad.
¿Por qué el ingreso de mujeres a cargos políticos no se traduce en avances en las condiciones de existencia de las trabajadoras? Porque el ingreso de las mismas no está condicionado al ingreso de nuestro programa de reivindicaciones. No existe programa político burgués que pueda resolver el problema de la mujer trabajadora, ni ocuparse de su empoderamiento porque choca con la pared de la precarización, el
ajuste y todas las miserias garantizadas por un estado al que ya nos ocupamos en señalar como el responsable de la perpetuación de nuestra situación de opresión y sometimiento. En los programas e incluso en su composición en partidos como la Renovación, PJ, UCR, PRO el pliego político histórico del movimiento de mujeres está ausente. Y si tuvieran alguna mención, sus acciones legislativas no podrían
aprobar los presupuestos donde se garantiza la miseria salarial para las estatales, los despidos y en el mejor de los casos la continuidad de la precariedad laboral como en los parques de La Salud y Conocimiento.
El movimiento de mujeres de nuestro país, con décadas de lucha, jamás incluyó entre sus demandas una ley en éstos términos. Cabe preguntarse si en todos éstos años no percibimos que teníamos a mano la llave para resolver nuestros problemas. No pareciera ser el caso y a sabiendas de que ésta ley generó ciertas expectativas en muchas compañeras, tenemos que remarcar: se plantea el rechazo de los cupos de toda clase, pues no sirvieron para avanzar en nuestros derechos, únicamente fueron utilizados como instrumento del estado para intervenir y regimentar la vida interna de los partidos. Antes con el cupo de 30 por ciento y ahora con el de 50, las trabajadoras tenemos los mismos problemas para participar en política: el peso de las tareas domésticas, la carga casi exclusiva del cuidado de niños y ancianos, la precariedad laboral, la maternidad forzada, la violencia en todas sus formas.
Mientras no se cambien éstas condiciones materiales los cupos son, en los partidos del régimen, para las pocas que tienen sus necesidades cubiertas. La emancipación de la mujer es incompatible con un régimen basado en la explotación de las mayorías populares por parte de una minoría patronal. A partir de ésta comprensión queda planteada la pelea fundamental: la lucha contra este sistema al que la violencia y sojuzgamiento de las mujeres le es funcional. Y la lucha es por un gobierno de las y los trabajadores.

Olga Aguirre es militante socialista.

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